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PANORAMA ECONÓMICO ARGENTINO   

(Febrero de 2002)

 

La Argentina ha adoptado un plan económico acorde a la nueva ortodoxia económica mundial para los emergentes: flexibilidad cambiaria, prudencia monetaria y austeridad fiscal.

 

En sólo treinta días, el equipo económico instrumentó una serie de importantes medidas: abandono de la convertibilidad y adopción de la flotación cambiaria, reestructuración de activos y pasivos internos para dotar de viabilidad al sistema financiero (pesificación de créditos 1 a 1 y de depósitos a 1,4), restablecimiento de la función de prestamista de última instancia al BCRA, definición de la política monetaria y elaboración de la ley de presupuesto.

    

Los problemas de credibilidad que evidentemente aún sufre el actual programa están más emparentados a la falta de reputación que generaron los incumplimientos anteriores (default, bloqueo de fondos bancarios, etc.) que a dificultades intrínsecas del mismo.

 

Claro está, aún cuando se logre la confianza y la aprobación de la comunidad internacional y local a las medidas adoptadas, comenzar  un nuevo capítulo del programa económico no más fácil que el anterior, ya que estar  dominado por la renegociación con los acreedores externos e internos de la deuda repudiada a fines de 2001.

 

A continuación se pasa revista a las últimas novedades del programa económico, se analizan los objetivos perseguidos por las autoridades económicas con las últimas medidas, y se mencionan los principales riesgos que señalan los analistas privados para la economía argentina:

 

 

APOYO EXTERNO

 

Durante su visita a los Estados Unidos, el Ministro de Economía se entrevistó con las principales autoridades del mundo financiero internacional. De esta forma, Argentina logró restablecer un diálogo que estaba roto desde el mes de diciembre, cuando el FMI interrumpió el envío de desembolsos. En un contexto en el que esta institución desembolsó USD 21 mil millones y en el país hubo una fuga de USD 23 mil millones, parece lógico que las autoridades del organismo multilateral sean cautas a la hora de liberar nuevos fondos. Las condiciones comienzan por las provincias (reducción del déficit y de las transferencias, modificación de la ley de coparticipación y límites a la emisión de deuda), pero abarcan también un nuevo esquema impositivo y la renegociación de la deuda externa.

 

También desde el exterior se espera evaluar la reacción popular a la flexibilización de corralito y el tratamiento que dar  el Congreso a la ley de Presupuesto. Antes de entregar la ayuda financiera, el FMI necesita estar seguro de la convicción económica y de voluntad política de las nuevas autoridades, para lo cual ser  muy elocuente la reacción de las mismas ante las turbulencias típicas del arranque de cualquier programa económico.

 

MERCADO CAMBIARIO

 

El stock de reservas existentes y el flujo de ingresos que se generar  a partir de los superávits comerciales constituyen una buena garantía para estabilizar el tipo de cambio en niveles considerados "razonables".

 

Si tenemos en cuenta los USD 13.374 millones de reservas líquidas (oro y divisas) que posee el BCRA frente a los $ 21.644 millones que constituyen el stock de pasivos financieros, podría argumentarse que el BCRA está en condiciones de controlar el tipo de cambio en torno a los $1,6 por dólar.

 

Hacia adelante, la posibilidad de mantener ese nivel de tipo de cambio estar  relacionado con el balance entre la oferta potencial de divisas (básicamente, provista por los exportadores) y la demanda potencial (los importadores y, en un primer momento, los ahorristas que logren recuperar sus fondos del corralito a partir de la mayor flexibilidad).

 

También cabe aclarar que, para evitar el clásico "overshooting" que sucede a toda devaluación, no existe un mercado libre de divisas para algunas operaciones. No obstante, a partir de la tranquilidad que registró la cotización del dólar desde su liberación, el BCRA pondrá en marcha una primera flexibilización del control de cambios. La iniciativa permite la libre operación de exportadores e importadores, autoriza al público a realizar remesas al exterior e implementa diversos instrumentos para que las empresas puedan pagar los intereses de aquellas deudas que se hayan adquirido fuera del país.

 

INFLACIÓN

 

El traslado parcial de la devaluación a precios es inevitable. Justamente, la  devaluación tiene por objetivo la recuperación de rentabilidad de los productos transables frente a los no transables (servicios), y eso no se logra sino vía aumento de precios de los primeros.

 

Inclusive es erróneo pensar que sólo deben aumentar los precios de los productos importados, o de aquellos que utilizan insumos procedentes del exterior. También aumentarán los precios de los productos exportables, ya que el productor que antes recibía $ 1 por cada dólar que exportaba, hoy recibe $ 2 por la misma unidad, y pretender  venderlo al mismo precio en el mercado local, porque de lo contrario optar  por colocar toda su producción en el exterior (el único límite que se puede oponer a este aumento es el de una retención a las exportaciones).

 

El problema surgiría si los productores de los bienes no transables intentaran mantener los precios relativos -respecto a los comerciables- vigentes antes de la devaluación, ya que esto tendería a licuar la devaluación real y difundiría los efectos inflacionarios a toda la economía, elevando el riesgo de una espiral inflación-devaluación-inflación.

 

De todos modos, el contexto recesivo con alto desempleo que domina a la economía argentina, la convivencia de la sociedad con la estabilidad de precios a lo largo de todos estos años, más algunas negociaciones con sectores claves por parte de las autoridades económicas (medicamentos, combustibles, servicios públicos), llevan a esperar que este proceso de ajuste no sea similar al de los episodios de alta inflación de los ochenta, sino que el traslado sea mucho más lento y acotado.

 

SECTOR FISCAL: el proyecto de Ley de Presupuesto

 

La definición de un presupuesto creíble no parece ser una tarea fácil. La alta sensibilidad del déficit a la evolución del nivel de actividad y a las variaciones del tipo de cambio genera más incertidumbres que certezas respecto a la posibilidad de alcanzar los resultados estimados.

 

Se espera la inminente aprobación del presupuesto 2002, proyecto de ley que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional en base a la Ley Nro. 25.561 que declara la emergencia pública e incorpora -a la vez- los cambios en las estimaciones que se derivan de la salida de la convertibilidad. La nueva matriz de ingresos y gastos proyecta una caída del PBI real del 4,9% y una inflación promedio del 14%. Se estima que la contracción del nivel de ingresos impactar  sobre la demanda provocando una caída del consumo (-6.3%) y de la inversión (-

18.5%). Mientras tanto, el sector externo será netamente favorable a la generación de divisas: se proyecta que las exportaciones subirán un 5.3% mientras que, a causa de la recesión, las importaciones caerán más del 22%.

 

La estimación oficial proyecta que durante este año, el valor de los ingresos corrientes del sector público nacional ser  cercano a los $51.800 millones, cifra que representa una contracción del 1,2% respecto a los valores del año pasado. Mientras tanto, los gastos corrientes rozarán los $54.900 millones, representando respecto al año 2001, una baja del gasto superior al 13%. En el cálculo de esta cifra se incluyen los programas de asistencia social y se mantiene la reducción salarial a las remuneraciones del sector público. Las transferencias hacia las provincias reciben el mismo trato y mantienen la contracción del 13% respecto al monto original que impone la coparticipación. Las necesidades de financiamiento

para el presente año superan los $17.600 millones y están destinadas a cubrir, entre otras cosas, la inversión financiera, los pagos de la amortización de la deuda pública con organismos multilaterales y la deuda no instrumentada con proveedores. Con estos datos, el resultado financiero del sector público nacional, presentaría un déficit de $3.100 millones.

 

Básicamente, las dudas de los analistas están referidas al cumplimiento de la pauta de ingresos, ya que la meta de mantener la recaudación en niveles similares a los del año pasado, parece inconsistente con una caída mínima del 5% del producto y una recaudación que en los últimos meses presentó caídas interanuales superiores al 15%. A la vez, proponen introducir algunas reformas estructurales y, para transparentar las cuentas públicas, sugieren incluir el costo fiscal del bono de compensación bancario y evitar la subestimación del pago de intereses que se desprende de utilizar, como base de cálculo, un tipo de cambio $/USD 1,4. Adicionalmente y si no se cumpliera con las pautas presupuestarias, sería muy difícil cumplir con la pauta de emisión ($ 3.500 millones), realidad que pondría en riesgo la estabilidad cambiaria.

 

La reducción del déficit fiscal provincial es otra de las medidas que deber  negociarse durante los próximos días. Durante el año pasado, con un nivel de gastos cercano a los $30.700 millones y con ingresos del orden de los $28.500 millones, el déficit primario de las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires rozó los $ 2.200 millones. Si a esta cifra se suma $3.000 millones en concepto de pago de intereses, se concluye que el déficit provincial consolidado de 2001 superó los $5.200 millones.

 

En un escenario en el que la recesión castiga el flujo de ingresos públicos, los gobernadores provinciales están estudiando poner en marcha un ajuste del gasto cercano a los $4.000 millones. La idea es que el conjunto de las provincias registren, durante este año, un déficit similar al que mostraron durante el año 2000 ($3.200 millones).

 

SECTOR FINANCIERO: la flexibilización del "corralito"

 

Consciente de que la iliquidez que sufre la economía impacta sobre el nivel de actividad, el gobierno continuó flexibilizando el "corralito" financiero. A partir de las modificaciones introducidas, se podrá retirar la totalidad de los haberes salariales y jubilatorios. En el resto de las cuentas de depósito -que excluyen a los plazos fijos- se podrá  extraer hasta $300 semanales sin extraer más de $1.200 mensuales. Las sumas no retiradas podrán ser extraídas en los períodos siguientes, por lo cual serán acumulativas. Sólo podrán abrirse cuentas en moneda extranjera para los depósitos en plazo fijo.

 

Se dispuso desafectar de la conversión de los depósitos a plazo aquellos importes que sean destinados al pago de obligaciones con el Estado Nacional, al pago de remuneraciones al personal en dependencia correspondiente a la nómina de enero de 2002, a la cancelación de deudas bancarias en pesos en la misma entidad financiera, para atender pagos médicos, así como las cuentas pertenecientes a las personas con más de 75 años y las de aquellos que optasen por canjear sus saldos por un bono a emitirse en dólares.

 

Para revitalizar la demanda de bienes registrables -viviendas y automotores nuevos- se autorizó la emisión de certificados transferibles de los depósitos a plazo por un importe equivalente al valor de cada vencimiento (de capital o intereses) según el cronograma de salida de plazos fijos del "corralito" financiero. Esta medida también afectaría a los productores, que mediante los denominados "cheque cuota" podrían utilizar parte de sus depósitos para acceder a maquinaria agrícola, vial o industrial.

 

En materia financiera, las autoridades económicas transitan un difícil sendero en el que deben armonizar dos urgencias esencialmente antagónicas. La flexibilización del corralito financiero busca inyectarle liquidez a los mercados resguardando -a la vez- la solvencia del sistema bancario. Sin embargo, una disponibilidad masiva de los depósitos podría incrementar la demanda potencial de dólares, y podría ampliar las necesidades de asistencia financiera para algunas entidades bancarias por parte del BCRA.

 

En suma, el programa económico ha mostrado avances concretos en los últimos días, y la primera reacción del mercado de divisas fue positiva. No obstante, la economía aún no ha superado su condición crítica. La consistencia de la política monetaria y fiscal ser  la llave de la ayuda externa, imprescindible para asegurar la estabilidad cambiaria, y así, aspirar a la recuperación de la actividad económica.